La celebración del Congreso se sitúa en el análisis de la realidad a la que asistimos. Los procesos migratorios –internos o internacionales– han sido y son una constante en la historia de España y, más concretamente, de Andalucía. Si hasta no hace muchos años éramos una tierra receptora de inmigración, bien avanzada ya la segunda década del presente siglo se ha venido observando una tendencia demográfica por la que progresivamente ha perdido peso la inmigración y ha ganado relevancia a mayor ritmo la emigración. Una emigración consecuencia de la reciente crisis económica y sus correlativos factores expulsivos, hacia otros Estados, bien pertenecientes a la Unión Europea o de otras regiones del mundo, lo que supone una pérdida en términos de capital humano y talento, para afrontar los retos sociales y económicos de la sociedad española en el siglo XXI.

Para hacer frente a este fenómeno, resulta necesaria una adecuada política de tutela jurídico-social y un acompañamiento en el complejo y poliédrico proceso de retorno. Y la conveniente atracción del talento científico y profesional –con experiencia obtenida en el extranjero– para nutrir nuestro sistema científico y productivo. Se requieren, pues, de nuevas políticas jurídicas, de marcado carácter social, capaces de responder de forma satisfactoria al retorno de emigrantes a España y, en particular, a Andalucía y, en concreto, para la atracción de talento global.